El pasado viernes 11, en que, paradójicamente, se celebra el Día del Maestro, delegaciones docentes de diferentes seccionales, trabajadores estatales, estudiantes y organizaciones sociales, nos movilizamos hasta la sede local de la Justicia Federal, a reclamar contra la criminalización de la protesta social.
Pocos días antes, el 20 de Agosto, los docentes Aurelio Vázquez, dirigente de la seccional Allen y de la Agrupación Convergencia, y Manuel Hermida, referente de la Lista Violeta, habían sido citados a la Fiscalía Federal por el reaccionario fiscal Alejandro Moldes, procesados por el corte de ruta en Chichinales durante la histórica huelga de principios de año. Numerosos activistas docentes de Allen y General Roca, militantes sociales y de ATE, de Zanón y el sindicato ceramista, y del Partido Obrero los acompañaron en esa instancia. Un centenar de manifestantes expresamos entonces nuestro rechazo a la criminalización de la protesta social y a la judicialización de la gran huelga docente. Una semana después le tocó el turno de comparecer a la secretaria general de UNTER Río Colorado.
En ambas oportunidades se reclamó a la dirección provincial del sindicato un mayor compromiso en la defensa de los militantes judicializados, considerando insuficiente el "acompañamiento legal".
La existencia de más de 30 procesamientos ya confirmados por los cortes de principio de año y la presunción de una segunda tanda de procesamientos, pone a la orden del día la necesidad de una campaña contra este nuevo ataque a las libertades democráticas y a los derechos de los trabajadores.
Pocos días antes, el 20 de Agosto, los docentes Aurelio Vázquez, dirigente de la seccional Allen y de la Agrupación Convergencia, y Manuel Hermida, referente de la Lista Violeta, habían sido citados a la Fiscalía Federal por el reaccionario fiscal Alejandro Moldes, procesados por el corte de ruta en Chichinales durante la histórica huelga de principios de año. Numerosos activistas docentes de Allen y General Roca, militantes sociales y de ATE, de Zanón y el sindicato ceramista, y del Partido Obrero los acompañaron en esa instancia. Un centenar de manifestantes expresamos entonces nuestro rechazo a la criminalización de la protesta social y a la judicialización de la gran huelga docente. Una semana después le tocó el turno de comparecer a la secretaria general de UNTER Río Colorado.
En ambas oportunidades se reclamó a la dirección provincial del sindicato un mayor compromiso en la defensa de los militantes judicializados, considerando insuficiente el "acompañamiento legal".
La existencia de más de 30 procesamientos ya confirmados por los cortes de principio de año y la presunción de una segunda tanda de procesamientos, pone a la orden del día la necesidad de una campaña contra este nuevo ataque a las libertades democráticas y a los derechos de los trabajadores.
Horacio Pastor
No hay comentarios:
Publicar un comentario